Ana Silvia Monzón[1]

Noviembre 2022

 

Las mujeres dedican interminables horas y energías al trabajo de la casa, al cuidado de niñas y niños pequeños y de quienes requieren cuidados especiales como las personas enfermas, mayores o con discapacidad. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, el 76.2% del total del tiempo de trabajo de cuidados no remunerado lo realizan las mujeres. Aunque no se contabilice en las cuentas nacionales, tiene un valor económico decisivo: equivale a entre el 16 y el 23% del producto interno bruto de cada país[2].

 

Este trabajo permanece invisibilizado y durante siglos se ha mantenido la idea de que es parte del rol asignado a las mujeres, que ellas deben cumplir, aunque esto las mantenga sujetas al ámbito privado, sin posibilidades de realizar sus proyectos de vida y postergando sus sueños y aspiraciones.

 

Esta carga, impuesta socialmente, tiene réditos (renta, utilidad o beneficio renovable que rinde un capital[3]) para el sistema económico y contribuye a reproducir la hegemonía patriarcal en varios sentidos:  las mujeres al invertir su tiempo y energías en los cuidados carecen de espacio para participar en la vida política, social y cultural; cuando logran tener acceso a un empleo remunerado, generalmente aceptan salarios inferiores si eso les permite combinar con el cuidado de sus hijas e hijos, y también le ahorran, a las familias y a las empresas, el costo de reproducción de la mano de obra. Durante la pandemia de Covid19 ese trabajo de las mujeres, en la primera línea de atención, fue crucial para enfrentar los peores efectos del virus que hizo estragos en el mundo.

 

La exclusión económica de las mujeres se relaciona con ese tiempo que dedican al trabajo doméstico no remunerado, con su inserción en empleos precarios, pero también con las brechas educativas, con los embarazos forzados en niñas y adolescentes que las expulsa de la escuela, y con maternidades que deben asumir en soledad; un círculo perverso de pobreza, falta de oportunidades, y escaso apoyo institucional y social.

 

Por otro lado, los patrones de herencia generalmente son patrilineales, de manera que, al momento de repartir bienes familiares, las mujeres quedan relegadas y sin acceso a recursos que les permitan autonomía económica.  Esta situación las coloca en condición de vulnerabilidad frente a sus parejas, ya que muchas veces no logran salir del círculo de relaciones violentas porque dependen, ellas, sus hijas e hijos, de los ingresos de quien las maltrata. Esa dependencia económica es uno de los factores de poder que los hombres ejercen, y que se prolonga incluso si la pareja se separa, como lo evidencia la cantidad de juicios por pensión alimenticia.  Según un artículo de María José Longo (2022) entre 2019 y 2021 se declararon 6,240 juicios por alimentos con lugar y 161 sin lugar, los tres departamentos con más sentencias en ese periodo fueron: Guatemala, San Marcos y Quetzaltenango[4].

 

Luego de largas luchas de los movimientos de mujeres y de múltiples evidencias recogidas en investigaciones que dan cuenta de estas desigualdades, se ha logrado visibilizar y tipificar la violencia económica como un delito, según la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (Decreto 22-2008) ésta se refiere a  las  acciones u omisiones qué repercuten en el uso, goce, disponibilidad o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.

 

En una perspectiva amplia también existen otros marcos legales y políticos como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1982), la Ley de dignificación y promoción integral de la Mujer (Decreto 7-99), el eje de equidad económica de la Política de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, y actualmente se discute la iniciativa de Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres,  todas herramienta importantes que las mujeres debemos conocer, y hacer valer, porque la violencia no son sólo golpes o abusos físicos, sexuales y psicológicos, la negación de recursos, de oportunidades, de espacios para el desarrollo personal, laboral y profesional también constituye violencia.

Múltiples Facetas de la violencia – Ana Silvia Monzon 25N2022

 

 

Campaña “Oramos pero también Denunciamos ¡NO más violencia contra las mujeres” 2022 del Foro de la Alianza ACT en Guatemala. ACT Alianza es una coalición de 144 iglesias y organizaciones afiliadas que trabajan juntas en más de 100 países.

 

[1] Socióloga y comunicadora feminista, cofundadora de Voces de Mujeres y de otros espacios feministas.

[2] https://www.revistaanfibia.com/la-sociedad-del-cuidado-un-horizonte-feminista/

[3] https://dle.rae.es/r%C3%A9dito

[4] https://www.plazapublica.com.gt/content/cuando-las-mujeres-y-los-tribunales-deben-recordarle-los-padres-que-sus-hijos-comen